La creación de dicho organismo hubiera significado legitimar al Reino Unido como Estado ribereño y obtener el reconocimiento como tal por parte de otros Estados miembros, generando una situación que tendría como consecuencia socavar la soberanía territorial y marítima de la República Argentina en el Atlántico Sur.

Días atrás, y por expresa instrucción de la mandataria, el secretario de Estado para la Cuestión Malvinas Jorge Argüello había solicitado también una reunión a la Subsecretaría de Malvinas del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación para obtener explicaciones, encuentro que no pudo concretarse al no haber en la Cancillería autoridad alguna relativa a la Cuestión Malvinas.

A su vez, los senadores nacionales por Tierra del Fuego presentaron un proyecto a efectos de derogar la ley 25.290 aprobatoria del “Acuerdo de Nueva York de 1995” y finalmente, se cursaron notas a los miembros del Observatorio Parlamentario Cuestión Malvinas del Congreso de la Nación requiriendo mantener una reunión con el objetivo de unificar los esfuerzos necesarios para la protección, de manera coordinada y consensuada, de nuestros legítimos derechos sobre las islas del Atlántico Sur y sus espacios marítimos circundantes.

En tal sentido, el senador Julio Catalán Magni le manifestó al canciller que era “incomprensible” que el gobierno fueguino debiera enterarse por trascendidos de la reunión mantenida el viernes 10 de mayo en la Cancillería, en donde se analizó avanzar con la creación de una OROP en el Atlántico Sur, siendo que la Provincia de Tierra del Fuego, a la cual pertenecen integralmente las Islas Malvinas, ha creado una Secretaría de Estado en acuerdo entre la gobernadora y el canciller a efectos de que los fueguinos tengan una voz en todo lo relativo a Malvinas.

Frente a los cuestionamientos realizados por los senadores Catalán Magni y José Ojeda en relación a la falta de voluntad del Poder Ejecutivo de avanzar con el tratamiento de la “Ley Malvinas”, la cual se encuentra presentada desde febrero, Faurie manifestó no estar de acuerdo con la propuesta considerando que la misma infringe las atribuciones propias del Poder Ejecutivo, buscando evitar de esta manera que el Congreso de la Nación apruebe o deseche todos los acuerdos relativos a la Cuestión Malvinas, realizando una comparación de la Cuestión Malvinas con los posibles reclamos que la provincia de Misiones podría realizar respecto a la yerba mate.

Finalmente, el canciller Faurie indicó que la adjudicación de zonas para exploración de hidrocarburos a empresas británicas y/o a empresas que en el pasado hayan intervenido en la exploración ilegal en la zona de las Islas Malvinas “no viola la ley 26.659 ni ninguna otra ley” manifestando que dicha normativa entró en vigor en el 2011 y la participación de estas empresas en el área en disputa fue en el año 2007, apelando de esta forma a la irretroactividad de las leyes sin importar el hecho inadmisible y de extrema peligrosidad para la Argentina de que empresas británicas obtengan áreas de exploración en cercanía a las Islas Malvinas, generando de esta manera que la exploración de vastos sectores de la plataforma continental argentina quede en cabeza exclusiva de compañías británicas, sea porque obtuvieron su licencia legalmente a través del gobierno nacional, o ilegalmente a través del ilegitimo gobierno británico de las islas Malvinas.