La ministra de salud de la Provincia Judit Di Giglio advirtió que el DNU firmado por el Presidente de la Nación Javier Milei tendrá impacto en la salud pública. Además, cuestionó la derogación de la ley que creó la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP). “Es una medida que atenta en contra de la soberanía sanitaria que en la actualidad permite una producción farmacéutica propia”, indicó.
ACTUALIDAD29 de diciembre de 2023
TDF Isla Digital
Desde la cartera sanitaria provincial manifestaron “preocupación” por los alcances que tendrá en la salud pública el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anunciado el miércoles pasado por el Gobierno Nacional.
Entre alguno de estos aspectos, la Ministra de Salud explicó que se eliminarán los topes en los aumentos de las cuotas de las empresas de medicina prepaga. Hasta ahora esas subas estaban reguladas con un asesoramiento que otorgaba la cartera sanitaria a nivel nacional.
La titular de Salud recordó que tras la firma del DNU, las prepagas anunciaron aumentos en las cuotas que van desde el 40 y al 50%.
“A partir de ahora aumentarán indiscriminadamente, lo que va a implicar que muchas familias dejen de contratar estos servicios, por ende la demanda será absorbida por la salud pública”, aventuró.
Para Di Giglio, este cambio no afectará a la salud pública de manera directa pero sí podría derivar en un aumento de la demanda de los servicios sanitarios que brinda el Estado.
Por otra parte, el DNU firmado por el Presidente de la Nación derogó la ley Nº 27.113 por lo que se suprime la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, ente que coordina las políticas de los puntos de producción pública de medicamentos.
De acuerdo, a la Ministra Di Giglio la desaparición de la ANLAP, dejará sin marco regulatorio a los laboratorios públicos del país, incluido el de Tierra del Fuego.
“La ANLAP coordina los proyectos de investigación de laboratorios. Su eliminación atenta contra la soberanía del sistema de salud”, indicó.
La provincia demandó la inconstitucionalidad de la intervención nacional y solicitó su inmediato cese, fundamentando el reclamo en la Constitución Nacional; Constitución Provincial; el régimen federal vigente y el convenio de transferencia vigente desde 1992.
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