La misma estuvo encabezada por la secretaria de Ambiente de la provincia en carácter de Presidenta, Andrea Bianchi. Por unanimidad de sus miembros se aprobó la actualización del reglamento interno, lo cual no se realizaba desde hace 30 años.
ACTUALIDAD15 de septiembre de 2024
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“Esto es muy positivo, dado que el reglamento es una herramienta y un mecanismo para el buen funcionamiento de este espacio de trabajo, integrado por el poder legislativo, los municipios, representantes de las ONG´s locales ambientales, la UNTDF y el CADIC-CONICET” evaluó la funcionaria.
“Hay que recordar que el CPMA es un órgano asesor del Poder Ejecutivo provincial donde se discuten las principales problemáticas y conflictos ambientales que atraviesa la provincia, así como la necesidad de delinear estrategias en relación a la implementación de políticas públicas en materia ambiental” destacó.
Paralelamente se discutió la problemática en torno a la bajada de fondos de la Ley nacional de Bosques y del Fidecomiso nacional, en el marco de la Ley 26.331 y la Ley provincial 869, donde los integrantes del CPMA destacaron la importancia que tiene para Tierra del Fuego poder contar con esos fondos. En tal sentido, elaboraron un dictamen que fue elevado al Consejo Federal de Ambiente y a la Comisión de Bosque Nativo de ese órgano, a fin de que tomen conocimiento e intervención.
Bianchi indicó que mediante esos fondos, “podemos avanzar en la conservación, el manejo y la gestión del boque nativo de nuestra provincia. Por otro lado, ese financiamiento nos permite poder implementar los planes de manejo y los planes operativos anuales, que se vienen trabajando de manera ininterrumpida a través de la Comisión Consultiva de Bosque Nativo, desde el 2012”.
Asimismo, la Secretaria mencionó que “también los integrantes de la comunidad indígena Rafaela Ishton se encuentran a la espera de estos fondos, dado que ellos trabajaron de manera mancomunada con la Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Gestión de Ambientes Forestales, en el desarrollo del Plan Integral Comunitario y necesitan de estos recursos para poder implementarlo”.
Por su parte, la legisladora Laura Colazo planteó el abordaje del proyecto de ley para la creación del cuerpo de guardaparques, para el cuerpo de brigadistas y de la planificación marina espacial del canal Beagle.
“Desde la Secretaría de Ambiente, propusimos trabajar estos proyectos de manera interna en los ámbitos ejecutivo y legislativo, para luego elevarlo al CPMA para su dictamen final y apoyo”, concluyó Bianchi.
El secretario Legal del Gobierno de la Provincia, Emiliano Fossatto, confirmó que junto a la presentación realizada ante la Justicia Federal planteando la inconstitucionalidad de la resolución que ordenó la intervención del Puerto de Ushuaia, se sumó el pedido de una medida cautelar urgente para suspender los efectos del acto y acciones que viene llevando adelante la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN).
Funcionarios de la Municipalidad de Ushuaia encabezados por la jefa de Gabinete, Yesica Garay, se reunieron con integrantes de los gremios con representación municipal para evaluar el impacto de la decisión inconsulta del Gobierno provincial de retener fondos de coparticipación por una suma superior a los mil millones de pesos, que les corresponden a las tres ciudades de Tierra del Fuego.
La Cámara de Comercio mantuvo, una reunión de trabajo con el Gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, con el objetivo de abordar las principales necesidades del sector comercial y avanzar en herramientas que permitan mejorar su funcionamiento.
La Municipalidad de Ushuaia avanza con los trabajos de recuperación de la red vial de la ciudad, previstos en el plan de obras 2025-2026.
En el marco de la temporada de alto riesgo de incendios forestales en Tierra del Fuego y en línea con la campaña “Naturaleza sin fuego”, la Secretaría de Ambiente, recuerda que continúa vigente la prohibición de hacer fuego en todo el territorio y refuerza las recomendaciones para un disfrute responsable del ambiente.
La provincia demandó la inconstitucionalidad de la intervención nacional y solicitó su inmediato cese, fundamentando el reclamo en la Constitución Nacional; Constitución Provincial; el régimen federal vigente y el convenio de transferencia vigente desde 1992.