El Ministerio de Trabajo y Empleo de Tierra del Fuego, a través de la Oficina Provincial sobre Atención y Tratamiento de Violencia y/o Acoso Laboral (OPAVAL), realizó una capacitación destinada a fortalecer los conocimientos y capacidades del sector sindical en materia de violencia y acoso laboral.
ACTUALIDAD18 de diciembre de 2024
TDF Isla Digital
Esta iniciativa se llevó a cabo en la ciudad de Río Grande y estuvo dirigida a la Comisión Directiva, delegados y delegadas del Sindicato de Obreros de la Industria del Vestido y Afines (SOIVA).
Durante la capacitación se abordaron temas fundamentales como los tipos de violencia laboral, el marco normativo vigente, el protocolo provincial de actuación y el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece lineamientos internacionales para la eliminación de la violencia y el acoso en el ámbito laboral. Además los asistentes participaron en el análisis de casos prácticos y recibieron herramientas específicas diseñadas para prevenir y gestionar estas situaciones en sus espacios de trabajo.
La Subsecretaria de Violencia Laboral, Daiana Yanel Ortiz, destacó la importancia de incluir a los sindicatos en este tipo de iniciativas y subrayó el compromiso del Gobierno provincial con la construcción de entornos laborales libres de violencias.
Al respecto, la funcionaria consideró “fundamental que los sindicatos sean parte de estos ciclos de capacitación. A través de este espacio no solo buscamos educar, sino también fomentar el diálogo social tripartito para abordar a tiempo estas situaciones y garantizar entornos laborales libres de violencia”.
Por su parte, la Ministra de Trabajo y Empleo, Sonia Castiglione, resaltó el alcance de las iniciativas impulsadas desde el Ministerio para promover la prevención, sensibilización y formación en violencia laboral. “Este trabajo conjunto con empresas, sindicatos y organismos públicos es clave para transformar los entornos laborales y garantizar espacios inclusivos y libres de violencia. Estas acciones no solo fortalecen las instituciones, sino que también fomentan el diálogo entre empleadores y trabajadores”, afirmó.
A lo largo de 2024 más de 400 trabajadores y trabajadoras del sector público han sido capacitados a través de la OPAVAL. Entre los organismos beneficiarios se encuentran el Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia; el Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR); el Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPV); la Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego (CPSTDF); la Policía de Tierra del Fuego y el Ministerio de Economía. En el ámbito privado se alcanzaron a 60 trabajadores de empresas como Gas Austral, BHG; SOIVA y Solnik, consolidando una cultura organizacional basada en el respeto y la inclusión.
El secretario del área, David Ferreyra, señaló que “desde el Municipio consideramos fundamental acompañar este tipo de propuestas que surgen desde las organizaciones de la sociedad civil y que tienen como eje el cuidado del ambiente y de los espacios naturales de la ciudad”.
La jefa de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Yésica Garay, aseguró que el Ejecutivo municipal se encuentra “permanentemente convocado a asumir nuevos desafíos”, en un contexto macroeconómico y social complejo que impacta de manera directa en la gestión local.
En el segundo día, el operativo de búsqueda desplegado en la zona montañosa ha culminado con un resultado exitoso y alentador.
El Gobierno de la Provincia, a través del Programa de Becas Strategic Advocacy for Human Rights (SAHR), llevó adelante en Ushuaia una jornada de formación destinada a personal policial, enfocada en el primer contacto en situaciones de violencia basada en género.
La Comisión de Auxilio activó ayer un operativo de búsqueda luego de recibir una alerta sobre dos personas que presuntamente habrían salido hacia la Laguna Domo Blanco el día lunes 12 de enero y con las que se perdió contacto.
El Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur concretó un hecho histórico para la provincia con la firma definitiva de la transferencia de los yacimientos hidrocarburíferos de YPF a la empresa estatal Terra Ignis, consolidando un nuevo rol del Estado provincial en la gestión de sus recursos energéticos.