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Resaltó que “a través de testimonios y pericias informáticas, se confirmó que no hubo ninguna adulteración de las fechas del acto administrativo, así como los funcionarios intervinientes, no ejercieron ningún delito penal”.
El funcionario provincial, especificó que “la sentencia tiene dos pruebas particulares a partir de las cuales se comprueba que no hubo ninguna ilegalidad en la emisión del acto administrativo. Una testimonial, dada por el personal de despacho y la informática, es decir a raíz de las pericias que se hicieron sobre las computadoras que se secuestraron ante la necesidad de esa prueba”.
En ese sentido, Fossatto recordó que “la denuncia tenía su base en que el decreto provincial de convocatoria a elecciones constituyentes, presentaba declaraciones falsas; se denunciaba que se consignó falsamente la fecha de suscripción y que a su vez la rúbrica estaba irregularmente firmado por el Ministerio de Obras Públicas”.
“A raíz de las pruebas, la sentencia precisa que el acto administrativo fue emitido conforme a las normas que rigen, es decir en cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley de Procedimiento Administrativo, y que no hubo una falsedad en el registro del mismo” insistió el Secretario Legal de Gobierno.
Asimismo, el funcionario provincial subrayó que “hoy, el Gobierno tiene la validez de este acto administrativo y por otra parte, estamos a la espera también de la resolución respecto a la otra causa que se encuentra en el Superior Tribunal de Justicia”.
A su vez, recalcó que “con esta sentencia, Gobierno dispone de la veracidad de los actos públicos que se estaban cuestionando; los funcionarios intervinientes no han ejercido ningún delito penal, más bien han cumplido con las mandas de la norma, al momento de emitir un acto”. Por lo que insistió que “se analizará qué caminos seguiremos respecto a la presentación de esta denuncia contra los funcionarios públicos”.
