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La obra, enmarcada en la Ley de Emergencia del Sistema Integral de Seguridad Pública, refuncionaliza un edificio existente para ampliar la capacidad penitenciaria y mejorar las condiciones de alojamiento.
La ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, explicó que la intervención “consiste en la adecuación de la antigua área de documentación policial, optimizando recursos y espacios del Estado”.
El nuevo anexo cuenta con celdas, espacios de visita familiar, área de requisa, sala de visitas y guardia penitenciaria, con una capacidad inicial para 14 internos.
Según precisó el director provincial del Servicio Penitenciario, Ariel Ciares, el traslado de personas se realizará priorizando “el estado avanzado de la pena y el buen comportamiento de quienes sean reubicados”.
Además adelantó que el proceso de mejora edilicia continuará con la creación de una nueva cocina y talleres de formación laboral, “para fortalecer los procesos de reinserción social y complementar la funcionalidad del anexo”.
Durante la recorrida por las instalaciones participaron la ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo; representantes del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura; personal del Poder Judicial; el director provincial del Servicio Penitenciario, Ariel Ciares; y el secretario de Asistencia y Gestión Ministerial, Gonzalo Valenzuela.
