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“Consideramos que la resolución de intervención viola el régimen federal, la autonomía provincial y requerimos el cese definitivo de toda acción o acto que lleve adelante la ANPyN y también, particularmente, que se nos garantice el pleno y exclusivo ejercicio del dominio, la administración y la explotación de actividades portuarias por parte de la Dirección Provincial de Puertos”, repasó el funcionario sobre la presentación del Ejecutivo.
En ese sentido, Fossatto resaltó que la presentación también contempla la solicitud de una medida cautelar “con el fin de que se suspendan los efectos del acto y se garanticen los derechos de la Provincia sobre el Puerto”, por lo que desde el Gobierno “se solicitó la habilitación de feria y entiendo que, con la premura que implica esta situación, el Juzgado estará emitiendo su primer despacho”.
“Entendemos que es necesario porque existe una afectación concreta de la autonomía provincial, la percepción de recursos generados por el Puerto y no tenemos explicación alguna por parte de la ANPyN”, agregó.
Asimismo, el funcionario señaló que “una de las primeras medidas llevadas adelante por parte de la intervención fue la notificación de una cuenta a la que se deben transferir los depósitos por servicios portuarios”, por lo que “la renta que se genera pertenece al erario público de la provincia de Tierra del Fuego. Se trata de una vulneración flagrante a la autonomía provincial”
Para Fossatto es preocupante además “que no tenemos conocimiento de qué se está recaudando y cómo se está invirtiendo esa recaudación; y en particular comprendemos también que hay una violación directa al convenio que oportunamente suscribieron Nación y Provincia, donde se trasladaba a título gratuito el dominio y la explotación del Puerto”.
Por otra parte, el Secretario Legal confirmó que este jueves, se recibió el primer despacho, por parte del Juez Federal, de no habilitar la feria judicial. Al respecto expresó "sorprende ya que dada la grave situación planteada y el pedido de medida cautelar por estar desarrollándose actos y daños de tal magnitud a la Provincia, tal como la sustracción de recursos propios, es evidente que los presupuestos para la habilitación están acreditados."
Asimismo, se indica que ya ha dado curso al expediente trasladándolo a la Fiscalía Federal, donde se requiere que dicho organismo evalúe la competencia de la Corte, la validez de la medida cautelar solicitada y la competencia del Gobernador para la acción que se presentó.
En ese sentido, Fossatto precisó que “entendemos que la competencia y legitimación están dadas por ser el titular de la administración y la defensa de los intereses de la provincia, pero ya estamos en análisis de ello".
Respecto a la indicación que debería tener la Matricula Federal señaló que son cuestiones formales menores y que se presentó como apoderado legal de la Provincia.
