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En ese sentido, advirtió que “en algunos medios salieron notas bastante alarmistas, en un tono que realmente genera angustia y preocupación”, y remarcó que “no está bueno llevar eso a la comunidad sin antes entender cuestiones técnicas vinculadas al alcance real del decreto”.
En esta línea, explicó que desde la Secretaría de Industria se encuentran en contacto con distintos actores del entramado productivo fueguino, “hablando con las cámaras industriales de la provincia, con AFARTE, CAFIN y la UIF, para poder medir cuál es el alcance que va a tener este decreto y cómo podría impactar en Tierra del Fuego”.
Asimismo, aclaró que, en principio, la medida “no elimina ni reemplaza los beneficios vigentes del régimen de la Ley 19.640”, aunque “estamos con los equipos técnicos del Ministerio analizando las eventuales consecuencias negativas, si las hubiere en forma directa”.
No obstante, precisó que el Régimen de Aduana en Factoría “no es nuevo”, sino que ya existía vinculado principalmente al sector automotriz, y que el decreto lo que hace es “modificarlo y ampliarlo”, orientándolo a facilitar la producción de bienes con destino a la exportación fuera del país.
“Este régimen apunta a empresas que exportan a terceros países, no al esquema que nosotros tenemos en Tierra del Fuego, que está vinculado al mercado interno”, explicó, aunque insistió en que aún resta analizar en detalle “aspectos más finos que podrían generar alguna distorsión”.
Finalmente, la funcionaria reconoció que, en el contexto actual, “cualquier novedad se percibe como un posible ataque”, y sostuvo que “a ciencia cierta todavía no sabemos cómo va a decantar esto en la operación de la provincia”.
“En una situación ya compleja, es importante llevar claridad y evitar profundizar la preocupación sin información precisa”, insistió la funcionaria.
“Es importante explicar con precisión qué implica el régimen de RAF, porque muchas veces se lo compara de manera equivocada con el subrégimen industrial de Tierra del Fuego. El RAF permite importar insumos y materias primas para su industrialización sin abonar tributos aduaneros al momento del ingreso, pero su lógica es muy distinta a la de la Ley 19.640. Su objetivo principal es que esos insumos sean transformados y luego reexportados en un plazo determinado. En los hechos, el beneficio que otorga es estrictamente financiero, ya que difiere el pago de los impuestos hasta el momento de la venta del producto; incluso, si esa mercadería se comercializa en el continente, esos tributos deben abonarse, porque no existe una exención como la que sí contempla nuestro régimen. Además, si la producción realizada bajo RAF se destina al mercado interno para consumo, la empresa debe pagar indefectiblemente todos los impuestos que no abonó al momento de importar. Por eso, no se trata de un esquema equivalente ni comparable, y mucho menos de un beneficio de la magnitud que representa para nuestra industria el reintegro de IVA previsto por la Ley 19.640”, explicó Man.
