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Entre los principales argumentos del veto se sostiene que la reforma constitucional constituye un proceso institucional ya en marcha, iniciado a partir de la declaración de necesidad aprobada oportunamente por la Legislatura con la mayoría agravada que exige la Constitución Provincial y el consecuente decreto de llamado a elecciones.
En ese sentido, se remarca que dicha decisión no implicó la sanción de una ley ordinaria, sino la activación del mecanismo excepcional previsto por la propia Carta Magna para habilitar el funcionamiento del poder constituyente derivado. A partir de ello, se pusieron en marcha actos institucionales concretos, entre ellos la convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes.
Al respecto, el Ministro Jefe de Gabinete, Jorge Canals, sostuvo que “lo que ha resuelto el Poder Legislativo es inconstitucional desde el mismo momento del tratamiento” y explicó que “la convocatoria a reforma no es una ley simple, no es una ley común, sino que pone en marcha un proceso superior vinculado a derechos constitucionales”.
“No se puede quitar el derecho al vecino a elegir o a ser elegido”, señaló y recalcó que “todo el proceso se ha dado dentro del marco de la ley y la Constitución”.
Asimismo, el funcionario subrayó que “esta medida es una defensa del proceso democrático, de la institucionalidad y del derecho de la ciudadanía fueguina a participar en una discusión trascendental para el futuro de la provincia”.
El texto del veto advierte que lo que la Legislatura intenta ahora no es simplemente derogar una norma común, sino interrumpir un proceso constitucional iniciado y desconocer una decisión institucional adoptada conforme a la Constitución Provincial.
Además, se señala que permitir la interrupción de este tipo de procesos generaría una profunda inseguridad institucional, ya que habilitaría a mayorías circunstanciales a revertir decisiones constitucionales previamente adoptadas, alterando reglas fundamentales según coyunturas políticas transitorias.
Otro de los puntos centrales expuestos en los fundamentos es que actualmente existe un proceso electoral formalmente convocado, por lo que dejarlo sin efecto de manera intempestiva afectaría la previsibilidad institucional y vulneraría derechos políticos fundamentales de la ciudadanía.
En ese marco, se sostiene que los fueguinos y fueguinas tienen derecho a participar, debatir y decidir democráticamente sobre el futuro de la Constitución Provincial, eligiendo a sus representantes constituyentes o siendo elegidos y expresándose dentro de un mecanismo plenamente previsto por el orden constitucional.
