En declaraciones a Prensa Legislativa, señaló que el Parlamento debe intervenir “en un asunto de interés público y social” y advirtió sobre las “secuelas” que deja ese proyecto en los tres tramos. “Estamos frente a una situación grave”, dijo. El proyecto fue girado a la Comisión de Legislación General que deberá analizarlo.
Durante la tercera sesión, en uso de la palabra, señaló que el Tribunal de Cuentas de la Provincia (TCP), “se encuentra interviniendo acerca de cierto grado de incumplimiento del pliego licitatorio” de la obra. También resaltó la intervención de la Fiscalía de Estado “frente a un caso de conflicto de intereses como la ha tipificado” entre un funcionario del Gobierno de la Provincia y “un responsable técnico ambiental de la empresa que esta llevando adelante la obra”, dijo a sus pares.
De acuerdo al asunto Nº 261/19, que ingresó sobre tablas, la Comisión Especial Investigadora “tendrá amplias facultades de investigación. Podrá recabar toda prueba que estime conveniente para cumplir su función, garantizando las reglas de! debido proceso”, según estipula en el segundo artículo. Así, podrá solicitar al Poder Judicial Provincial, Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado, Poder Ejecutivo “copias certificadas de expedientes, informes, actos administrativos, dictámenes y/o cualquier otro instrumento legal o pieza documental vinculadas al objeto de la investigación”. También, tendrá la facultad de “citar e interrogar a funcionarios y empleados” de la Administración Central; convocar a testigos y realizar los interrogatorios correspondientes; nombrar peritos de cualquier arte o profesión que por su especialización sean necesarios para el mejor cumplimiento de sus funciones; podrá requerir la intervención de la fuerza pública y disponer todas las medidas que considere necesarias para el seguro y regular cumplimiento de los actos que ordene; y deberá dictar su propio reglamento interno, el que deberá ser aprobado en un término no mayor a diez días desde su constitución.
Al finalizar su actuación, la Comisión Investigadora deberá presentar a la Cámara un informe definitivo “con las conclusiones que arribe sobre las responsabilidades políticas y técnicas de los funcionarios intervinientes”. De surgir responsabilidades “de otra índole”, serán notificadas a las autoridades correspondientes.
Advirtió, asimismo el Legislador, sobre “irregularidades” manifestadas por agentes del Estado y recordó las varias actuaciones administrativas y judiciales presentadas por asociaciones ambientalistas de la Provincia. “Entendemos que tenemos que intervenir, se tiene que crear una comisión investigadora sin prejuzgar a nadie”, y asi conocer la documentación, los testimonios y de “cualquier otro elemento “que sirva para dos objetivos básicos” o. En este sentido, el proyecto busca “proteger el patrimonio económico de la Provincia, por las supuestas irregularidades; y la otra, el de proteger el patrimonio arqueológico y paleontológico” de los fueguinos.
Entre los fundamentos que apuntó Villegas, recordó las opiniones que se vertieron desde el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) y de varias, que “han expresado algunas consideraciones valiosas respecto del impacto –no solamente ambiental-, sino sobre el patrimonio arqueológico y paleontológico de la Provincia”. En este sentido, también recordó las presentaciones judiciales por parte de ambientalistas en el distrito judicial sur y de “serios reparos al informe de impacto” por parte de exfuncionarios.
“Hay una situación que se manifiesta irregular, no solamente desde el punto de vista administrativo, que implicó la intervención de organismos de contralor, sino que también hay una actuación irregular de algunos funcionarios –a prima facie– surgiría como irregular en materia ambiental y de la preservación del patrimonio. Creo que la Legislatura, sin querer sustituir loa actuación de los órganos de contralor y las competencias del Poder Judicial, tiene que tomar cartas en el asunto” y pidió “hacernos eco” del reclamo de la ciudadanía.
Al finalizar su exposición, el referente del MPF aclaró que no está en contra del tramo 1 del proyecto, que amplia la ruta hasta la localidad de Puerto Almanza, “pero queremos que se haga de la mejor forma posible”, en salvaguarda de los intereses de la Provincia, cerró.