La causa fue iniciada por el Intendente de Río Grande, Gustavo Adrián Melella, en la que argumentó que dicha actividad viola las leyes ambientales y también las normas que condicionan la legitimación de ciertas empresas para ser adjudicatarias en las zonas a explorar.

Los jueces consideraron que los hechos denunciados no evidencian ilegalidad manifiesta, que las circunstancias denunciadas exceden la estrecha vía del amparo y que, en su caso, el actor deberá iniciar un proceso de impugnación del acto administrativo de adjudicación que le permita mayor amplitud para producir prueba al respecto.

Los magistrados sostuvieron que "no se desprende una directa vulneración constitucional o legal, tal y como el amparista denuncia, en tanto no es cierto, que no se hubiera previsto la verificación de las incompatibilidades e inhabilitaciones posiblemente existentes respecto de las empresas participantes, como así tampoco, que se hubiera descuidado la preservación del medio ambiente o la exigencia de presentación de los pertinentes estudios de impacto ambiental".

Los camaristas rechazaron también la denuncia por supuestos incumplimientos de normas ambientales, ya que el informe de impacto ambiental y su declaración se cumplirán posteriormente y, por tanto, su cuestionamiento resulta prematuro en esta instancia. "Queda suficientemente demostrado que existen cuestiones técnicas y económicas complejas, que de ser debatidas en juicio necesitarían de otro ámbito de conocimiento más amplio", justificaron los magistrados

En la causa se denunció la legitimidad de las concesiones autorizadas por el Ministerio de Energía a empresas para explotar las áreas de costa afuera de la Plataforma Continental Argentina.