La nueva norma reemplaza a la anterior, que regulaba cuestiones médicas inherentes a las enfermedades de transmisión sexual (ETS), y su enfoque está basado en la perspectiva de derechos humanos. La propuesta emanada de los bloques de FORJA, UCR y UP, tomó estado parlamentario y deberá ser analizada en las Comisiones de Salud Pública N° 5 y de Legislación General N° 1.
ACTUALIDAD06 de octubre de 2023
TDF Isla Digital
Al momento de su sanción, varias organizaciones afines, se mostraron conformes ya que la normativa actualiza a la anterior, que regula aspectos médicos de pacientes que conviven con el virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH), Hepatitis B, C y Tuberculosis.
La propuesta elevada por distintas asociaciones civiles de la Provincia, fue presentada a la Presidenta de la Legislatura, vicegobernadora Mónica Urquiza y tomada por los bloques que presiden Federico Greve, Federico Sciurano y Emmanuel Trentino.
La Asociación Ciclo Positivo; Agrupar C; la Red Argentina de Personas Viviendo con VIH/SIDA (REDAR); Asociación Civil Unión por los Derechos Humanos (UDH) y la Escuela Popular de Géneros, Disidencias Masculinidades y Cambio Social consideran que adherir a esa norma nacional brindará “a las personas que conviven con VIH, Hepatitis B, Hepatitis C y Tuberculosis, un sistema integral de garantías a sus derechos de accesos a la salud y a un ambiente libre de discriminación”.
Asimismo sostienen que el texto sancionado por el Congreso de la Nación, establece un sistema “articulado e integral que genera las herramientas en el sistema de salud, en el sistema educativo y en la comunidad para garantizar un trato social libre de discriminación”. También, determina “dos cuestiones centrales sobre este tema: una jubilación especial de carácter excepcional y una pensión no contributiva, creando un Régimen de Jubilación Especial para las personas con VIH, el cual se aplicará también a las personas con hepatitis B y/o C”.
Esta nueva Ley nacional prohíbe las pruebas de VIH en exámenes preocupacionales y crea un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación en el que se documentarán y visibilizarán casos de discriminación. En la misma línea, el texto establece que los test serán voluntarios, gratuitos, confidenciales y universales.
Además, se incorpora a la normativa el acceso al tratamiento para las hepatitis virales, la tuberculosis e infecciones de transmisión sexual, que en el marco de la Ley actual, "está en manos de la voluntad política del momento". También prevé un régimen jubilatorio especial para las personas que transiten la enfermedad.
El secretario Legal del Gobierno de la Provincia, Emiliano Fossatto, confirmó que junto a la presentación realizada ante la Justicia Federal planteando la inconstitucionalidad de la resolución que ordenó la intervención del Puerto de Ushuaia, se sumó el pedido de una medida cautelar urgente para suspender los efectos del acto y acciones que viene llevando adelante la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN).
Funcionarios de la Municipalidad de Ushuaia encabezados por la jefa de Gabinete, Yesica Garay, se reunieron con integrantes de los gremios con representación municipal para evaluar el impacto de la decisión inconsulta del Gobierno provincial de retener fondos de coparticipación por una suma superior a los mil millones de pesos, que les corresponden a las tres ciudades de Tierra del Fuego.
La Cámara de Comercio mantuvo, una reunión de trabajo con el Gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, con el objetivo de abordar las principales necesidades del sector comercial y avanzar en herramientas que permitan mejorar su funcionamiento.
La Municipalidad de Ushuaia avanza con los trabajos de recuperación de la red vial de la ciudad, previstos en el plan de obras 2025-2026.
En el marco de la temporada de alto riesgo de incendios forestales en Tierra del Fuego y en línea con la campaña “Naturaleza sin fuego”, la Secretaría de Ambiente, recuerda que continúa vigente la prohibición de hacer fuego en todo el territorio y refuerza las recomendaciones para un disfrute responsable del ambiente.
La provincia demandó la inconstitucionalidad de la intervención nacional y solicitó su inmediato cese, fundamentando el reclamo en la Constitución Nacional; Constitución Provincial; el régimen federal vigente y el convenio de transferencia vigente desde 1992.