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En los fundamentos, el bloque del MPF sostiene que “amerita tomar medidas para que no vuelva a ocurrir, porque se está jugando con los derechos de las personas y con el sueño de la casa propia”.
En el articulado, sustituye el artículo 4 de esa norma provincial, y establece que “los mecanismos de contralor social, sobre los recursos referidos a los incisos a, b y c del artículo 2º, estarán a cargo de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) con objeto social en la materia. A los fines de garantizar su efectiva y útil participación, tendrán acceso a la información pública correspondiente. Deberán suscribir un informe anual”, dice el proyecto de Ley.
