Desde el bloque del partido Verde se expresaron respecto al proyecto de Ley de Emergencia Económica, Fiscal, Financiera y Social, que será debatido este jueves en una sesión extraordinaria en la legislatura provincial.
ACTUALIDAD20 de mayo de 2020
TDF Isla Digital
Las Legisladoras del Partido Verde, Victoria Vuoto y Laura Colazo, se refirieron al proyecto de Ley presentado por el Ejecutivo provincial, expresaron su posición acordando que este asunto merece un debate en comisiones legislativas para darle un tratamiento acorde a su importancia.
La legisladora Laura Colazo manifestó que “hay muchas cuestiones para trabajar y se requiere de un debate serio, para ello hay que realizar un trabajo arduo en comisiones, para analizar artículo por artículo. En primer lugar para que sea legal de acuerdo al sistema jurídico de nuestra provincia. Hay que garantizar un Poder Legislativo que trabaje de forma permanente. El bloque del partido verde no fue consultado. Lo normal es trabajarlo en comisión, para poder convocar a todos los sectores”.
Por su parte, la Legisladora Victoria Vuoto declaró que “tenemos una responsabilidad institucional de que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan y no que el estado disponga de 2.000 millones de pesos, sin tener conocimiento en qué lo van a destinar. Tenemos que generar garantías de que la plata va a llegar. Sino vamos a generar expectativas que no se van a cumplir y no vamos a saber a donde están esos fondos.”
Así mismo Colazo expresó que “hay comercios que están preocupados y hay Pymes que no se quieren comprometer con un crédito porque no saben si lo van a poder pagar. Por ello, estamos pidiendo más información para ver cómo se va a asistir con las ayudas económicas. Hoy en la web anuncian los créditos, pero no hay más información. La reunión que teníamos que tener el 27 de abril con la ministra de producción no la pudimos tener todavía”.
Victoria Vuoto señaló que, “queremos ser parte de la solución y por eso hacemos observaciones concretas en función de los objetivos declamados. Si vamos a realizar una inversión extraordinaria del Estado para sostener al sector privado hagámoslo con las garantías de que después esa plata no se vaya a usar para financiar gasto público. Por eso vamos a prohibir en la ley que los fondos sean utilizado en el FUCO (Fondo Unificado De Cuentas Oficiales). Queremos que llegue a sectores pequeños y medianos que no son sujetos crediticios. Saber cuánta partida presupuestaria de esos 2 mil millones de pesos vamos a destinar a los 20 mil trabajadores cuentapropistas e independientes que tenemos en la provincia, y para los 3500 comercios de la micro y pequeña empresa o comercios que tienen hasta 35 trabajadores.”
“Pensamos en el bienestar de la gente, queremos que la gente esté contenida por estas medidas y que lleguen a todos; a los jardines maternales, a los peluqueros, a los cuentapropistas, entre otros. Hoy hay miles de personas que no pueden acceder a un crédito del Banco y que necesitan una ayuda económica. Nos gustaría que estas cosas queden escritas” además Colazo agregó que, “Es importante aplicar el principio de subsidiariedad y complementariedad, y que los Municipios puedan ayudar a los comercios más chicos para generar acciones de contención en las ciudades. Tenemos tres municipios que pueden ayudar. Un solo ente estatal no puede atender a toda la demanda, por eso es fundamental articular con los municipios.” concluyó la legisladora.
El secretario del área, David Ferreyra, señaló que “desde el Municipio consideramos fundamental acompañar este tipo de propuestas que surgen desde las organizaciones de la sociedad civil y que tienen como eje el cuidado del ambiente y de los espacios naturales de la ciudad”.
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La Comisión de Auxilio activó ayer un operativo de búsqueda luego de recibir una alerta sobre dos personas que presuntamente habrían salido hacia la Laguna Domo Blanco el día lunes 12 de enero y con las que se perdió contacto.
El Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur concretó un hecho histórico para la provincia con la firma definitiva de la transferencia de los yacimientos hidrocarburíferos de YPF a la empresa estatal Terra Ignis, consolidando un nuevo rol del Estado provincial en la gestión de sus recursos energéticos.